Conflictos ambientales y mediación

Como en términos generales la mediación está dirigida a los resultados y no a las causas internas del conflicto, se debe considerar que es un proceso político y a la vez jurídico, para el que es imprescindible contar con políticas estatales claras y ampliamente difundidas. Junto a esto, la normativa debería incorporar procesos de resolución formal de conflictos ambientales, basados en la participación activa de los actores y la cooperación entre las partes.

En este sentido en una primer etapa, la mediación en temas ambientales debería ser impulsada desde el propio Estado a través de sus organismos judiciales e incluso ejecutivos (como por ejemplo los municipios en los conflictos de vecindad), para asegurar la legitimidad de los procesos, la confianza de las partes en los mismos y la efectiva concurrencia de los diversos actores a las instancias convocadas.

Si bien no se debe descartar la posibilidad de que se desarrollen experiencias privadas de mediación en el área ambiental como sucede en otros países, ésa instancia debería ser posterior a la implementación de programas gubernamentales en la materia, para no saltear etapas de maduración y desarrollo que garanticen la confianza en dichos procesos.

Desde la óptica de los movimientos ciudadanos, la posibilidad de utilizar este tipo de instrumentos exige discusiones amplias y profundas, ya que de otro modo pueden generarse focos de tensión entre quienes sostienen que cualquier problema ambiental puede ser objeto de negociación formal y por lo tanto ser mediado, y quienes dicen que los conflictos ambientales no deben ser mediados porque son el reflejo de contradicciones más profundas.

Como parte de este debate, sería necesario definir al menos dos aspectos:

Uno sobre el tipo de problemas ambientales que pueden ser mediados, y el otro sobre el papel que debe tener el Estado en los procesos de mediación.

Es imprescindible aclarar los problemas donde es posible aplicar mecanismos de mediación ambiental, ya que con esta herramienta no necesariamente se solucionan todo tipo de conflictos. Los grupos ciudadanos que trabajan con temas ambientales, deberían discutir la pertinencia de aplicar instrumentos como la negociación directa o mediación entre las partes, ya que sólo con una correcta definición de los problemas posibles de ser mediados es posible avanzar en el diseño de mecanismos que puedan ponerle fin a esta clase de litigios.

Tomando en cuenta los actores involucrados y las variables ecológicas en juego, es posible encontrar distintos tipos de problemas ambientales. Algunos son simples y acotados, mientras que otros son extensos y complejos. No es lo mismo resolver inconvenientes entre vecinos vinculados a residuos sacados fuera de hora, el desagote de pozos negros o la presencia de criaderos de cerdos, que problemas originados en la asignación y utilización de recursos naturales, o la contaminación del suelo, el aire o el agua por parte de industrias poco inclinadas al diálogo.

No parece conveniente que tanto los grupos vecinales como los organismos públicos de control y gestión, consideren a ambos tipos de problema como si fueran la misma cosa, ya que involucran a actores distintos y originan impactos diferentes. En este sentido sería necesario definir tanto los mecanismos de negociación formal que pueden aplicarse a corto plazo, como el carácter público o privado de los mismos. Si bien en muchos países la mediación ambiental privada ha demostrado ser una herramienta eficaz para lograr la finalización de este tipo de conflictos, ciertas complicaciones llevarían a creer que al menos en una primera instancia, la mediación pública sería la única forma de dar garantías a los actores en pugna.

Por otro lado, sería necesario definir el papel del Estado en los procesos de mediación, ya que es a la vez concertador y regulador de conflictos ambientales y por lo tanto se enfrenta a múltiples tensiones. También se presenta la posibilidad de encarar acciones de otros organismos públicos, en especial los que más próximos a la comunidad como centros comunales, zonales, sociedades de fomento barrial, juntas locales, etcétera, y la conveniencia de "privatizar la justicia". Las opiniones al respecto se dividen entre quienes consideran que sólo la decidida acción estatal puede acercar a las partes obligándolas a negociar con cierto éxito, y quienes creen que se debilitaría el papel regulador, sancionatorio y de control que tiene el Estado.

Sin embargo, ambos puntos de vista no son contradictorios, ya que tanto el poder judicial como los municipios pueden impulsar procesos de mediación ambiental en temas de vecindad y reservarse un activo papel de concertación para solucionar los problemas ambientales más complejos, ya que son los únicos con posibilidades para acercar a las partes, en una  sociedad donde resulta muy difícil que los generadores del daño acepten participar en procesos voluntarios para la resolución formal de conflictos.

Este camino no inhibe a la justicia, ministerios y municipios para que apliquen los mecanismos de corrección y control que les competen, pero ayudaría a equilibrar a las partes en pugna, facilitando el diálogo y eventualmente, el acuerdo. La posibilidad de aplicar mecanismos de resolución formal de conflictos, como es  la mediación ambiental, debería ser parte del debate parlamentario tanto a nivel provincial como nacional, ya que significaría contemplar mecanismos democráticos y participativos que permitirían superar muchos conflictos ambientales en curso, y otros que pueden surgir en cualquier momento.